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Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado Uruguayo

Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado Uruguayo

El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño expresa pro-funda preocupación con la practica de tortura y otros tratos inhumanos dirigidos hacia a los niños privados de libertad en Uruguay.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), conjuntamente con su organización miembro en Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR) y el Comité de los Derechos del Niño/a – Uruguay (CDNU), saludan las observaciones finales publicadas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Las observaciones acogen las denuncias presentadas por la sociedad civil y confirman las recomendaciones previamente hechas por el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, en relación a la situación de los niños privados de libertad en el país.

El Comité, en sus observaciones, ha expresado seria preocupación por las condiciones en que los niños se encuentran privados de libertad en Uruguay, bien como el uso excesivo de la fuerza y alegaciones de tortura y malos tratos cometidos por policías y funcionarios de los centros de detención.

Entre otros ejemplos el Comité menciona el hecho de mantener a los adolecentes encerrados por 22 horas al día y uso de medicación como medio de controlarlos. Ambas denuncias ya habían sido presentadas en diversas oportunidades por la OMCT e IELSUR a los directores del SIRPA e INAU en el país.

“ El presente documento de Observaciones y recomendaciones es presentado en una coyuntura especial en el país, pues desde el 1 de marzo asumirá un nuevo go-bierno. En tal sentido las recomendaciones son un buen norte para avanzar en aquellos aspectos todavía deficientes en relación al respeto de los derechos del niño en el país. Queda mucho por avanzar en términos de institucionalidad, así como en derogar leyes profundamente regresivas aprobadas en el último período legislativo. Por otro lado es necesario hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos de los niños, los todavía cercanos episodios de tortura y malos tratos, nos indican que el país tiene una deuda pendiente en materia de investigación rápida, efectiva e imparcial así como medios idóneos de protección y reparación a las víctimas”, indica el integrante de IELSUR y coordinador del CDNU Luis Pedernera.

En su informe el Comité también expresa grave inquietud por el uso excesivo de la privación de libertad y por las varias reformas legislativas en materia de administra-ción de justicia juvenil contrarias a los estándares internacionales.
Entre las principales recomendaciones al Estado de Uruguay, el Comité recomienda que se establezcan mecanismos de denuncias accesibles a los adolecentes priva-dos de libertad y que se realicen investigaciones rápidas y eficaces sobre los casos de tortura y malos-tratos – que resulten en un proceso judicial contra los perpetrado-res.
“ El propio gobierno de Uruguay reconoció ante el Comité que casi no hay condenas por tortura en el país. En un Estado con una legislación tan avanzada en la promo-ción y protección de ciertos derechos humanos es sorprendente que los adolescen-tes continúen viendo sus derechos violados sin que haya un cambio de actitud de las autoridades. Esperamos que el nuevo gobierno tome en cuenta los estándares inter-nacionales y priorice las medidas no privativas de libertad. Uruguay no necesita más centros de detención, lo que necesita es dedicarse a acabar con la cultura de impu-nidad.” Señala Carolina Bárbara, coordinadora de las actividades de niñez en la OMCT.

La OMCT, IELSUR y el CDNU reconocen la apertura del gobierno de Uruguay en discutir la cuestión de la justicia juvenil y reconocen que en algunos aspectos, como el acceso a la educación, o la reforma de algunos centros hubo avances. Sin embar-go, exhortamos al recién electo gobierno de Uruguay que priorice la protección de los adolecentes privados de libertad contra la tortura y otros tratos inhumanos y de-gradantes y designe el presupuesto y la atención adecuada a las graves denuncias presentadas por los distintos órganos internacionales y nacionales, incluyendo la INDDHH y las organizaciones de la sociedad civil.