El presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde, negó que en los centros de privación de libertad los adolescentes sean víctimas de maltrato y torturas por parte de los funcionarios.
La semana pasada, una delegación de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), junto a representantes del grupo Privados de Libertad del Comité de los Derechos del Niño (CDN), visitó los establecimientos del Sirpa. Allí, adolescentes y funcionarios denunciaron “claras situaciones de tratos degradantes y torturas psicológicas y físicas”. Juan Fumeiro, del CDN, aseguró que los testimonios hacen referencia a “colgadas, encadenamientos, golpes y palizas reiteradas”. Sobre el establecimiento SER, el especialista señaló que funciona como “un depósito de personas y no como un lugar de rehabilitación de adolescentes que delinquieron”. Agregó que estas prácticas son llevadas a cabo por un grupo de funcionarios vinculados al sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Suinau). Dijo también que las mismas no son denunciadas por miedo a represalias. Sostuvo que esta situación quedó “clara” en las entrevistas con funcionarios y adolescentes y “se corroboró que ello ocurre”.
En la misma línea se manifestó el representante de la OMCT, Eric Sottas. “Hay pasividad del Poder Judicial frente a algunos casos, porque los chicos están muy preocupados por si dicen algo y lo que les pueda pasar después. Hay que dar un seguimiento serio porque no tienen posibilidades de denuncia”, sostuvo.
No obstante, Villaverde cuestionó dichas afirmaciones “que dan por ciertas las denuncias de algunos jóvenes de ciertas prácticas de algunos funcionarios”. Dijo que es un intento de “desestabilizar” lo “muy bien” que se está trabajando en el Sirpa. El jerarca agregó que desde el organismo se han efectuado varias denuncias ante casos como los que se señalan, pero sólo en dos oportunidades se avanzó judicialmente y se procesó a los involucrados.
Sottas destacó las mejoras en infraestructura tendientes a reducir el hacinamiento, pero advirtió que sólo el aumento del número de plazas no soluciona el problema. “No es solo un tema de estructura, sino de funcionarios. Si se repiten situaciones de violencia, no se les permite salir y están encerrados gran parte del tiempo sin hacer nada, no hay mejora”, aseguró.
