El ministro y el subsecretario de Salud Pública, Jorge Venegas y Leonel Briozzo, respectivamente, se reunieron ayer con representantes de la academia, las organizaciones sociales e instituciones gubernamentales, para informar de la elaboración de un borrador de la reglamentación de la ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La nueva norma debería entrar en vigencia el próximo 22 de noviembre, cuando se cumplan los 30 días de su promulgación. “Estamos avanzando. Posiblemente tendremos el texto pronto. Pero no digo que es seguro porque eso sería ignorar que pueden surgir imponderables”, advirtió la coordinadora del Área Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Laura Rieppi.
La no injerencia de los profesionales en la decisión de las mujeres, evitar trámites burocráticos en las instituciones de salud, reducir las instancias de consulta y “allanar” el camino hacia la implementación de la ley, fueron algunos de los puntos discutidos ayer. “Hay una preocupación por realmente garantizar que se puedan implementar servicios funcionales”, señaló Lilián Abracinskas, integrante de Mujer y Salud Uruguay (MYSU), una de las organizaciones invitadas. Se refirió también a la obligación de las instituciones afiliadas al Sistema Nacional de Salud de brindar el servicio a las usuarias. “Es importante que haya sanciones claras e inmediatas a las instituciones que incumplan y un canal efectivo y rápido donde denunciar irregularidades”, observó.
Uno de los puntos que aún resta por definir es el método por el cual se practicará el aborto. De todas formas, ayer quedó claro que se apuntará a los medicamentos Misoprostol y Mifepristona. Este último no está disponible en nuestro país, pero el MSP está tramitando su registro.
“Hay evidencias que ponderan el aborto medicamentoso como el de menor riesgo y más seguro para que la mujer no tenga que ser intervenida”, aseguró la obstetra Ana Labandeira, integrante de Iniciativas Sanitarias.
